Participación ciudadana
Para mejorar la vida de la gente

El Perú y el Estado peruano siguen en un proceso muy dinámico de cambios. Sin embargo, las necesidades y expectativas de la población rebasan cualquier ritmo institucional o administrativo. El tema central de este número atiende una vez más la preocupación que el Estado, la administración pública y sus beneficios alcancen a las zonas más pobres del país.

Considerando la compleja geografía y dispersión del país, las poblaciones más pobres no sólo requieren grandes inversiones. En muchos lugares, la construcción de un puente, un canal de regadío, una obra de saneamiento, “cambia la vida de la gente”; y de éstas se necesitan muchas. Contradictoriamente, las barreras procedimentales para las grandes inversiones dificultan que muchos gobiernos locales no logren invertir y por lo tanto realizar las obras que los ciudadanos necesitan, más aún aquellos que de la noche a la mañana cuentan con recursos que rebasan toda capacidad de administración y gasto.

Para trascender dichas dificultades, el gobierno promueve la inversión social a través de Núcleos Ejecutores. Pero además, ésta modalidad se sustenta en dos elementos culturales. Por un lado, la tradición de organización comunal vigente en las comunidades de la Sierra y la Selva, así como la pujante organización popular de las zonas urbanas; y de otro lado, la experiencia de inversión social de más de 18 años de FONCODES, que ha permitido a las comunidades rurales del país participar en la priorización y ejecución de sus pequeños proyectos de inversión, “con resultados positivos en el proceso de lucha para la superación de la pobreza”, según evaluadores y beneficiarios.

La “Descentralización Popular” que se pretende promover, parte del reconocimiento que “nadie sabe mejor que uno mismo lo que necesita”, y que mientras más involucrados estén los ciudadanos en las obras, más interesados estarán en vigilar que cumplan sus objetivos con los presupuestos y tiempos establecidos, rol que difícilmente las entidades nacionales podrán cumplir a la distancia y al ritmo que las inversiones lo requieren.

En este número, el gestor público encontrará diferentes visiones sobre esta iniciativa social. Hablan los actores oficiales que explican y rompen mitos que se ciernen sobre esta experiencia. Otros actores con experiencia, muestran logros y beneficios, mientras analizan los riesgos actuales. Los Núcleos Ejecutores son una posible respuesta, un instrumento de gestión disponible que deberá ser usado por la entidad que lo necesite, en el camino de formación de una administración pública moderna y flexible que responde a las necesidades de los ciudadanos.

El ex director de la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Cataluña, España, Quim Brugué, profesor de ésta Escuela, reflexiona y propone una metodología que permitiría pasar de la oposición reactiva de la población a las medidas del gobierno, a posiciones más involucradas y constructivas. Plantea cuatro lecciones de su experiencia: a) Garantizar la transparencia como punto de partida, tan importante en nuestro medio, puesto que la desconfianza predomina en las relaciones con el estado y la política; b) Estimular procesos de participación, pero con garantías de calidad y efectividad; c) Ofrecer soporte y reconocimiento a los movimientos con planteamientos alternativos; y finalmente d) Combinar la sensibilidad local con una planificación que promueva el equilibrio y la equidad territorial.

Muy en sintonía con lo anterior, pero también tomando como caso, los lamentables acontecimientos de Bagua, que trascienden toda coyuntura, Manuel Pablo Fernandini, propone el camino de la democracia deliberativa, como una nueva forma de ejercicio de relación entre gobernantes y gobernados.

Novedades en la Administración como la primera evaluación de los funcionarios del Sistema Nacional de Inversión Pública y la publicación del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades para los Gobiernos Regionales y Locales, son una vez más buenas noticias que articulan medidas administrativas con políticas de Estado, para mejorar la gestión de los gobiernos descentralizados.