Garantizar el aseguramiento

Si bien estos meses han sido de gran preocupación por la crisis económica y la influenza AH1N1 que nos afecta por el contexto internacional, la agenda de la administración pública nos ha dado buenas noticias.

De un lado, la convocatoria para la incorporación del primer grupo de gerentes al Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR para cubrir puestos estratégicos en Apurímac, Cajamarca, Junín y Lima; y la aprobación de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, la cual viene a ser probablemente una de las reformas sociales más importantes de las últimas décadas, y que desde el punto de vista académico constituye un estudio de caso de política pública, motivo por el cual se ha elegido como tema central de este número de la Revista.

La política de universalización de este servicio básico ha seguido un proceso en el que han participado diversos actores con el objetivo de garantizar que la reforma de la salud sea viable  y sostenible. Los organismos implementador y regulador garantizarán que esta Ley “no quede en letra muerta”. En un país en el que sólo los empleados formales están dentro del sistema de la seguridad social, unos siete millones de peruanos, resulta desafiante que los diferentes establecimientos y recursos se compartan de tal manera que los pobres que no tienen un empleo estable y están expuestos a que la enfermedad de uno de sus miembros se convierta en verdadera tragedia familiar, cuenten con un estado que los proteja y subsidie.

Para ello además será necesario crear una cultura de aseguramiento y prevención de la salud, ya que “una población sana a mediano y largo plazo cambia los indicadores laborales y la productividad”. Definitivamente, como en cualquier proceso de implantación de una política, queda el gran desafío de brindar información y comunicación adecuada, a fin que los ciudadanos empoderados, que gozan de los beneficios del servicio, harán que estas políticas de estado sean irreversibles. Apostamos pues porque el Aseguramiento Universal sea “la locomotora que jale otras reformas”, y que la decisión política expresada en los más altos niveles del Estado continúe concertando con todas las fuerzas políticas y sociales para garantizar la continuidad de esta reforma.

En esta línea de reflexión, vemos un mensaje claro de decisión política en la coincidencia de llevar adelante una reforma tan trascendental como la salud  y a la vez seleccionar cuadros profesionales para altos puestos y gerencias de la administración pública. Obviamente, no esperamos que los cambios se logren sólo contratando 29, 60 ó 300 gerentes; pero un buen gerente, bien formado, con experiencia en el sector público y con objetivos institucionales claros, será pieza clave para emprender reformas y lograr resultados. En paralelo, el Sistema deberá “blindarlo”, otorgarle la discrecionalidad necesaria para hacer cambios sustantivos,  cortando la telaraña de normas que impiden hacer y mejorando los procesos administrativos.

Aspiramos que en unos años el ordenamiento de las organizaciones públicas y el sistema de servicio civil permitan que las exigencias y los honorarios de estos gerentes no sean de excepción, sino el  estándar en la administración pública a fin de atraer a los mejores profesionales al Servicio Civil, para diseñar y llevar adelante las reformas que necesitamos.

Emma Barrios

Directora
Escuela de Gerencia Pública
Universidad Continental